Por estas horas, hay gran preocupación por el accionar de la policía en el campo y por la integridad de los Mapuche.
Comunicado para la prensa
El juez Gaimaro Pozzi pretende desalojar ilegalmente a la comunidad Newen Twain Kom de una fracción del territorio
En total violación a la Ley Nacional de Emergencia de los territorios indígenas Nº 26.160 y todos los convenios internacionales que protegen los derechos de los Pueblos Originarios en Argentina, una vez más el juez de Bariloche Miguel Angel Gaimaro Pozzi ordenó el desalojo de una comunidad Mapuche, impuso custodia policial permanente en el campo de la Comunidad Newen Tuain Kom y dio la orden de usar la fuerza policial en caso que los Mapuche nos mantuviéramos firme en la defensa de nuestro derecho legítimo y legal al territorio.
Este mismo juez por otra causa ya conoce y tiene acreditada la ocupación tradicional de la comunidad Mapuche Newen Twain Kom de costa del arroyo Ñorquinco, asentada a unos 90 km al oeste de El Bolsón, en la provincia de Río Negro. También tiene totalmente documentada con expedientes de la Dirección de Tierras Nro. 66.457/44 la total falta de derechos por parte de Natalio Mohada, estanciero de la zona que desde hace más de dos años hostiga a la NTK alegando supuestos derechos al territorio que la justicia ya determinó que no tiene. Ahora, Gaimaro Pozzi ordenó un desalojo pretendiendo legitimar la intervención fraudulenta y violenta de un personero de Mohana, que oculta su verdadera identidad y porta armas de fuego a la vista. Gaimaro Pozzi ha facilitado ese expediente al abogado de Mohana, Dr. Diego Breide, ex Presidente del Colegio de Abogados de Bariloche y, no entregándole copias al defensor del Lof que lo requirió hace más de 6 meses.
Curiosamente, la copia del expediente enviada por la Dirección de tierras se le extravió al responsable del Juzgado.
A pesar de su falta total de certezas y en medio de estos extravíos, este miércoles, pasada las 11, la policía de Ñorquinco a cargo del subcomisario Fabián Rondeau, notificó de la orden de allanamiento y de desalojo a los dos peñi que se encontraban en ese momento en la ruka. La orden no establecía un plazo para que la comunidad tuviera acceso a la defensa legal. Los dos peñi se negaron a retirarse y a retirar los bienes y mejoras hechos en la recuperación por lo que fueron trasladados a sede policial, permaneciendo una custodia policial en el predio.
Luego, cuando otros dos peñi regresaban de labores en el campo, se encuentran con que la custodia policial les impidió el ingreso al territorio recuperado en diciembre de 2008, de acuerdo al relato de nuestros peñi de la NTK.
Al propio juez Gaimaro Pozzi le consta que existe un antiguo expediente de Tierras del año 1944 que documenta que Simón Antonio Sede no tuvo jamás derechos de propiedad sobre el lugar, por lo que su hijo César Sede tampoco los tuvo y mucho menos el sobrino Mohana que pretendió reivindicar derechos sucesorios. La defensa legal de la NTK hace meses que reclama a este juez copia de ese expediente, prueba en favor del pueblo Mapuche.
Así es que los acontecimientos de hoy nos vienen a alertar sobre que el juez Gaimaro Pozzi es parte de una jugada legal para reconocer derechos a una persona ajena al pueblo mapuche y totalmente desconocido, quien además porta armas de fuego a la vista.
El 14 de setiembre, junto a Mohana arriba en una camioneta un hombre que dice llamarse José Ortega, ser de Bariloche, quien pretende negociar con la familia Prafil en nombre de Mohana. Fuentes judiciales informaron que el verdadero apellido del intermediario sería Carrasco, aunque no hay certeza porque el Juez aún no ha permitido el acceso a la causa al defensor de los integrantes de la Comunidad.
Este mismo juez es el que había ordenado el desalojo ilegal e ilegítimo de la comunidad José Manuel Pichún de Cuesta del Ternero, en favor de la usurpadora empresa forestal Emforsa.
Esta situación muestra las condiciones reales de desamparo en que los Mapuche defendemos el territorio, donde un juez dirige a control desde su despacho acciones que se ejecutan en el medio del campo, sin comunicaciones, sin ninguna posibilidad de defensa real con el uso de las armas y de la fuerza en manos del Estado y de los particulares "amigos" del poder que lucran con el despojo. Como en el caso de la comunidad Loncón en el paraje Tres Cerros, en Comallo, los usurpadores cuentan con el respaldo activo de hombres de dos de los poderes del estado, el poder judicial y el ejecutivo a través de su brazo armado que es la policía.
Consejo A. Indígena (CAI)
Puelmapu, 5 de octubre de 2011
Para mayor información:
CAI (02944) 455 - 409 / 430 - 188 / 1520 - 1095
Ñorquinco:
Comisaría 73ª de Ñorquinco: (02944) 496 - 046
Subcomisario Rondeau a cargo del dispositivo: (02944) 1551 - 7080
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